Vuelta a Londres por culpa de Gallardón

Desde aquí manifestamos nuestro RECHAZO a la modificación de la Ley 2/2010, sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que ha llevado a cabo el gobierno del PP y que significa un retroceso social de más de 30 años en los derechos de la mujer.

La reforma del Ministro Gallardón sobre la Ley del aborto supone una merma en los derechos de la mujer conseguidos durante las últimas décadas.

La nueva ley impulsada por el PP modifica la actual sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, de tal manera que la mujer ya no es libre para decidir sobre su propia vida.

Con esta vuelta de tuerca al derecho a decidir de la mujer el  PP  está  tratando  a  las  mujeres  como

ciudadanas de segunda  algo intolerable. Con  esta  modificación retrocedemos más de 30 años y volvemos a un sistema de supuestos muy tasados todavía más restringido que en la ley de 1985 puesto que ahora no 

se recoge ni siquiera el supuesto de malformaciones en el feto para interrumpir el embarazo. Ya que como dice Gallardón las mujeres tan sólo podrán interrumpir su embarazo en dos supuestos: en caso de violación o en caso de peligro en la salud de la madre.

Esta nueva ley lleva el nombre de “Ley de protección de los derechos de la vida del concebido y la maternidad de las mujeres” una ley que no va a reducir los abortos sino que únicamente va a hacer que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo lo hagan de manera insegura, como hace 30 años, o que vayan a Londres como hacían, hacen y harán las que tienen dinero.

La anterior ley que aprobó el gobierno socialista suponía un compromiso histórico con las mujeres y con la igualdad puesto que las mujeres deben ser las únicas capaces para decidir sobre su vida y su cuerpo. Ahora, con esta marcha atrás, esta merma de derechos nos lleva a una inseguridad jurídica que no es propia de un Estado social y democrático.

Con esta Ley se están vulnerando los derechos fundamentales de la mujer que solicita una interrupción del embarazo, en particular, su derecho al libre desarrollo de su personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

Esta Ley es además una muestra más de la influencia de la Conferencia Episcopal en la acción de gobierno del PP. Es impresentable que un Estado LAICO como el que vivimos un gobierno democrático esté tan influenciado por una moral religiosa.

Con esta Ley creemos que se ataca a toda la sociedad y, en particular, a todas las mujeres.