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Porque esta Ley quita competencias a los Ayuntamientos.
A los menores de 20.000 habitantes les despoja de la
prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios que
pasaran a manos privadas por las Diputaciones.
Establece mecanismos de tutela y control, para
ello, por ejemplo, el servicio de intervención de los aytos pasa a manos del Ministerio
de Hacienda.
Además, con respecto al objetivo de estabilidad
presupuestaria contempla que la administración central impondrá a los ayuntamientos
la obligación de cumplirlo y determinará además, las medidas que deben aplicarse para
conseguirlo.
Establece además, que las Diputaciones se quedarán con la capacidad
de decidir si prestan o no los servicios públicos de los ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes, salvo que demuestren que pueden hacerlo a un coste menor
que el que establezca la propia Diputación.
La Ley del PP vulnera el principio democrático en el ámbito local, cuando establece que si el Pleno no alcanza en una primera votación la mayoría
necesaria para la adopción de acuerdos como: aprobación de presupuestos,
planes económico-financieros, planes de saneamiento o entrada de mecanismos
extraordinarios de financiación; establece que será la Junta de Gobierno la que tendrá plena
competencia para aprobarlos. Hurta así, el papel de la oposición en el
conocimiento, control y votación sobre temas vitales para los aytos.
En resumen, esta Ley:
- Ataca y daña la raíz del gobierno municipal
- Invade y quita competencias a los ayuntamientos
- Abre el camino a la desaparición o privatización
de los servicios sociales que ahora prestan los ayuntamientos
- En lugar de mejorar la eficiencia y ahorrar, multiplica
el gasto
- Y lejos de evitar duplicidades, las potencia.
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